Este último mes de febrero, la noticia sobre la difusión del borrador de una nueva ley por parte del Ministerio de Igualdad ha causado agitación tanto en el sector político como en el sector social. Esta nueva ley se trata nada más y nada menos que de la «Ley sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género» (más conocida como Ley Trans), cuyo borrador fue presentado por Unidas Podemos en el año 2018. Pero, ¿Qué abarca?
Para encontrar la respuesta debemos retornar al año 2007, cuando el presidente Zapatero aprobó una ley que autorizaba el cambio de nombre y género de aquellas personas que no se identificaban con el asignado al nacer, sin necesidad de haber pasado por una resignación quirúrgica de sexo, sino únicamente presentando un informe psicológico diagnosticando la llamada «disforia de género», además de confirmar el seguimiento de algún tipo de tratamiento durante al menos dos años. Es a partir de esta legislación que las diferentes comunidades autónomas del país fueron autorizando leyes trans en sus territorios, como fue el caso de Andalucía, donde es posible cambiar el nombre de la tarjeta sanitaria sin necesidad de presentar un informe sobre el padecimiento de disforia de género. Sin embargo, el gran cambio llegó cuando en el año 2018 la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar la transexualidad como una patología, abriendo las puertas a la posibilidad de eliminar la existencia de tal informe médico para cambiar de género en términos legales.
Así, como hemos dicho anteriormente, el grupo político de Unidas Podemos presentó el borrador de la Ley Trans, hoy día convirtiéndose de nuevo en motivo de debate tanto político como ideológico. El borrador de esta ley (pues lamentablemente todavía se encuentra en «lista de espera») confirma la opción de las personas trans de cambiar su género en el registro sin necesidad del informe mencionado ni el tratamiento médico recomendado, reduciendo a su vez la edad mínima de 18 años a 16. Además, permite también la realización de este cambio a personas menores de 16 años (pero mayores de 12), siempre que los padres o tutores legales den su consentimiento.
A parte de estas medidas, incluye otras específicas dedicadas al ámbito sanitario, laboral, educativo y deportivo, solicitando a su vez no especificar el sexo en documentos oficiales de identidad para poder atender las necesidades de aquellas personas que no se sienten identificadas con el género masculino ni el femenino.
En conclusión, podemos decir que la ley defiende el derecho a la identidad de género libremente manifestada; las personas tienen derecho al reconocimiento de su identidad de género sin límite de edad, origen étnico, nacionalidad, religión, expresión de género…
Definitivamente, es una proposición que permite normalizar las distintas identidades de género, al igual que visibilizar la presencia de las personas trans en la sociedad. Pese a ello, las opiniones (tanto de grupos políticos como de distintos movimientos sociales) se han visto divididas. El Partido Popular (PP) revela su preocupación ante las alusiones a los menores y por la seguridad jurídica de la norma, de la que temen que pueda afectar a la ley de violencia de género. La diputada Marga Prohens lo señala, censurando la polémica por ser «una batalla más entre PSOE y Podemos, que tiene en contra a todo el movimiento feminista», como podemos comprobar en las acusaciones de Confluencia Movimiento Feminista dirigidas a Igualdad y Podemos, describiendo sus intenciones de desacreditar a las entidades feministas (ya muy críticas con las políticas de Irene Montero).
Por su parte, Ciudadanos ha pedido al PSOE y Unidas Podemos que se pongan de acuerdo en el contenido de la norma para evitar generar inseguridades a las personas trans, que ya se encuentran en una situación de «vulnerabilidad» y «discriminación». Junto a esta, sorprenden declaraciones como la de Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, que pide «seguridad jurídica» en la futura ley y expresa su preocupación: “A mí me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que el género se elige sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo, evidentemente, los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles”.
Mientras, Juan Diego Ramos, presidente de la Asociación Somos LGTB+ de Aragón, afirma que lo más importante es despatologizar el hecho de ser una persona trans y la autodeterminación de género. «Para poder realizar el cambio en el registro necesitas tener un informe psicológico durante 2 años y haber iniciado un tratamiento hormonal. Te están obligando a someter a tu organismo a una exposición que yo no tengo ninguna necesidad por el hecho de ser una persona trans de tener por qué cambiar mi cuerpo para entrar dentro de unos patrones sexistas y normativos de cómo tiene que ser una mujer o un hombre. Tengo la libertad de decir si quiero o no». Al mismo tiempo, Aventín hace hincapié en la Ley 4/2018 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de Aragón, «una de las más punteras»: «Aragón hace años que tiene garantizado el tratamiento hormonal sin que tenga que justificarse con un informe psicológico y, por ley, está reconocida la autodeterminación de la identidad en sus administraciones públicas sin necesidad de ningún informe médico». Además, destaca el tema educativo y laboral: «La administración tiene la obligación de ofrecer un cupo de plazas para las personas trans; un colectivo que tiene una exclusión laboral de un 80%».
Las opiniones se caracterizan tanto por su apoyo como por su oposición, no obstante, hay que destacar la importancia de la aprobación de una ley como lo es la Ley Trans posee. Gran parte del colectivo LGBT se vería visibilizado y con una mayor posibilidad de llevar a cabo la llamada «transición», evitando numerosos inconvenientes que hasta ahora están presentes debido a las diferencias entre las leyes establecidas en cada comunidad autónoma respecto al tema. La ley defiende abiertamente la autodeterminación de género, considerando un derecho su respeto sin importar distintos factores y negando el hecho de que personas externas a nosotros designen nuestra identidad y nos dicten quiénes debemos ser. Su aprobación significaría un gran avance para la comunidad trans, aportando al proceso de la despatologización de la transexualidad.