Este mes de marzo hemos visto varias manifestaciones con el objetivo de luchar por un fin de justicia social. Lo más significativo fueron las mujeres que el 8 de marzo lucharon por sus derechos y los pensionistas que el 17 salían a la calle en protesta por la última actualización del IPC sobre las pensiones que ha hecho el gobierno. Voy a hacer un repaso de esto último. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde viene el problema?
El gobierno del PSOE empezó en el 1985 a recortar las pensiones y el entonces ministro de economía, Solchaga, animaba a invertir en fondos privados de pensiones, en lugar de defender los públicos. Entonces se convocó la primera huelga general tras la dictadura y, hoy, se levantan diferentes movilizaciones de pensionistas a lo largo de la geografía.
En 2011 el gobierno del PSOE hizo una reforma que consistía en aumentar la edad de jubilación a 67 años y en calcular la pensión en base a los últimos 20 años en primer término y a 25 en segundo. Para cobrar la pensión al 100% habría que haber trabajado 38 años. Esta reforma y la que hizo el gobierno del PP en 2013 marcaron un camino claro para la ampliación de la edad de jubilación, el aumento de los años de cotización y la consolidación de fórmulas de cálculo de las cuantías.
Desde entonces se ha estado insistiendo desde el gobierno y a través de los medios de comunicación en contratar un plan de pensiones privado. Este año, el gobierno del PP ha subido las pensiones un 0,25%, lo que equivale a 2€ más o menos, según la pensión, mientras que el coste de vida es mucho mayor. Tras la queja de los pensionistas por la irrisoria subida, se convocaron protestas para el 17 de marzo. El gobierno respondió ante la convocatoria pidiendo a los pensionistas que ahorren.
Esto tampoco sentó bien, ya que, si tenemos en cuenta el gasto que supone la corrupción y algunas instituciones, entre otras cosas, podríamos decir que es una falta de respeto decirle a una persona que ha trabajado durante años que no hay dinero para pagarle de manera digna la jubilación.
Así pues, tras distintas movilizaciones, se finalizó con protestas por toda España el 17 de marzo (a las que se sumaron en su apoyo partidos, organizaciones y sindicatos, y acudieron miles de personas), en defensa de la revalorización de las pensiones y por la derogación del factor de sostenibilidad, que limita las subidas según la salud de las cuentas de la Seguridad Social.
La respuesta del gobierno a esto ha sido rechazar por falta de recursos un aumento generalizado a todos los pensionistas, pero sí se aplicarán medidas que beneficiarán a una amplia mayoría con las pensiones más bajas. La combinación de mejoras de los pensiones mínimas, de viudedad y rebajas fiscales supondrán más dinero para al menos el 65% de los pensionistas, según las estimaciones preliminares que baraja el Gobierno. Se puede llegar al 70% en función del resultado de las negociaciones con los grupos políticos en la elaboración de los Presupuestos y las posibilidades finales en las cuentas públicas, añaden las citadas fuentes. El grueso de la oposición considerará insuficiente el paquete de mejoras.